LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA MEXICANA DEL SIGLO XXI
PRIMERA PARTE: HISTORIA DE LA LUCHA POR EL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO
SIGLO XX. MARCO HISTÓRICO
La incorporación de la mujer en la vida política del país tiene una gran importancia al terminar la primer década del siglo XIX, es aquí cuando comienza un preámbulo para la incorporación de los derechos políticos de las mujeres a las legislaciones de la época.
Fueron de gran importancia las intervenciones masivas de las mujeres a las luchas armadas de la Revolución Mexicana, aunque históricamente se ha dado a conocer que ellas ejercían en su mayoría los roles domésticos necesarios en los campos de batalla, hay que reconocer que las mujeres en la revolución desempeñaron una triple jornada, siendo partícipes no sólo de lo doméstico; sino de lo militar, como Carmen Parra de Alanís, conocida como La Coronela, quien prestó sus servicios bajo las órdenes de Antonio f. Villarreal, Lázaro Alanís y Marcelo Caraveo; Ramona R. Flores, La Tigresa, se adhirió al maderismo y militó bajo las órdenes de Ramón F. Iturbe, al igual que Valentina Ramírez; Clara de la Rocha, quien participó como comandante de guerrilla y tomó parte activa en la toma de Culiacán, Sinaloa, en 1911; Carmen Vélez, también llamada La Generala, que de entre sus actividades destaca haber comandado una partida de 300 hombres que operaban en los distritos de Hidalgo y Cuauhtémoc, Tlaxcala.
También en labores administrativas, de salud, periodismo y de difusión, como lo fue las que desarrollaron durante este período las “Antirreleccionistas”, entre ellas, Natalia y Carmen, hermanas de Aquiles Serdán, quienes difundieron las ideas contra el régimen de Porfirio Díaz y además reunieron armas para la rebelión que estaba programada para el 20 de noviembre de 1910.[1]
Una figura primordial para el otorgamiento de derechos políticos a las mujeres mexicanas fue Hermila Galindo quien en 1916 fungió como secretaria particular del entonces presidente Venustiano Carranza y fue ella quién presentó la primer solicitud formal para que se reconocieran los derechos políticos de las mujeres argumentando lo siguiente:
“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón.” Tuñón, E. (apud CANO, Gabriela)[2]
Sin embargo, esta solicitud fue negada con el argumento de que “[..] Las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido”[3] detrás de los argumentos presentados por el Congreso Constituyente de 1917, se escondía, además, un rechazo a que los roles de la vida familiar y del hogar, que hasta este momento eran ejercidos por mujeres, fueran desatendidos y al promulgarse la Constitución de 1917 estos derechos no fueron reconocidos. Es así como el 23 de enero de 1917 es redactado el artículo 34 de la siguiente manera:
Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y
II. Tener un modo honesto de vivir[4]
Enriqueta Tuñon (2002), en su artículo “El estado mexicano y el sufragio femenino” hace un análisis de estos hechos y afirma:
“[...] Temían (los congresistas varones) que con el avance de la civilización, las mujeres se interesaran por asuntos ajenos a sus hogares y familias y los abandonaran, por eso había que mantenerlas fuera del juego democrático. Los constituyentes hicieron un diagnóstico de la situación de las mexicanas y las dejaron entregadas a su propia suerte. Por un lado, les negaron el derecho al sufragio, y por otro, no hubo una propuesta consistente para sacarlas fuera del círculo restringido del hogar y educarlas políticamente. Esta postura generará un déficit histórico respecto a la educación cívica de las mujeres y se reflejará en el futuro comportamiento electoral y en su pasividad en el ámbito político.”[5]
Este podría considerarse como la consolidación jurídica de un sistema patriarcal en México, ya que, a pesar de la integración activa de las mujeres a las labores de difusión, militares, administrativas, de salud y cuidado durante la revolución mexicana, con la promulgación de la Constitución de 1917, no solo se desconoce su colaboración en la lucha armada, también se les niega la participación política y se les omite e invisibiliza como ciudadanas mexicanas.
Este hecho determinante incitó a Hermila Galindo a postularse en 1918 como candidata a diputada, en manera de rebelión contra la reciente promulgación y con el objetivo de evidenciar las bases de injusticia en las que se promulgaba la nueva constitución. El Colegio Electoral no reconoció su triunfo a pesar de que se dijo, había obtenido la mayoría de los votos, con este hecho inicia la participación de las mujeres en la vida política del país y este sería el primer intento de varios que vendrían en la siguiente década.
En 1923 en Yucatán se reconocerían los derechos políticos de las mujeres a nivel estatal y municipal, de esta manera, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1922-1924), Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce serían electas para diputadas al congreso estatal, de igual forma Rosa Torre quedaría electa como regidora en el Ayuntamiento de Mérida, sin embargo, después del asesinato del gobernador, las cuatro fueron obligadas a dejar sus puestos. En los siguientes años (1924, 1925) en San Luis Potosí se reconocerían los derechos de las mujeres para participar en las elecciones municipales y estatales respectivamente, a pesar de ello, en 1926 la ley sería derogada durante el gobierno de Rafael Nieto. Finalmente en Chiapas, se reconocería este derecho en 1925. Tuñón, E. (apud CANO, Gabriela)[6]
A finales de 1929, comienzan, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), los primeros pasos para lograr la integración de las mujeres a los derechos sufragistas, pues en el primer punto de su Declaración de Principios se incitaba a estimular el acceso a las mujeres a la vida cívica del país lo que reflejaba que habrían acciones en un futuro próximo para lograr estas iniciativas.[7]
De esta manera, en 1935, se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) con 50 mil mujeres afiliadas, y en 1937 este frente se estructuraría en torno a una sola demanda: el derecho de las mujeres al voto. En ese mismo año, la organización de las mujeres tuvo como resultado el nombramiento de Soledad Orozco, que pertenecía al PNR, como candidata a diputada en León, Guanajuato y a Refugio García, integrante del FUPDM, en Uruapan, Michoacán; la candidatura les fue negada pues se declaró que era necesaria una reforma a la Constitución para permitirles la participación en las elecciones. Tuñón, E. (apud El Machete)[8]
Por esta razón comienza una movilización de las mujeres del Frente mediante mítines, manifestaciones, conferencias e incluso amenazas con quemar el Palacio Nacional, finalmente iniciaron una huelga de hambre frente a la casa del presidente Lázaro Cárdenas lo que dio como resultado que el 1° de Septiembre de 1937, el mandatario presentara ante el Congreso una iniciativa de ley que pretendía modificar el artículo 34 constitucional para que se mencionara que “Son ciudadanos de la República todos los hombres y las mujeres..” quedando reconocidas las mujeres como ciudadanas mexicanas. La ley fue aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sin embargo, después de una larga espera para que se publicara el dictamen en el Diario Oficial, en 1938 el trámite no prosperó y se pospuso durante el resto del periodo del presidente.
“Presumiblemente, en esos momentos no le convenía al partido oficial que las mujeres votaran en las siguientes elecciones porque supusieron que ellas, tradicionalmente católicas e influidas por la Iglesia, apoyarían al candidato del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), el general Juan Andrew Almazán, opositor de Ávila Camacho” (TUÑÓN, 2002, pág. 9)[9]
El debilitamiento del Frente Único Pro Derechos de la Mujer se perpetuó en los primeros meses de 1938, con la transformación del PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), donde varias mujeres del frente se afiliaron esperando que, con su incorporación, lograrían obtener el derecho al voto, sin embargo, se consolidó un hecho que pudiera definirse como un “divide y vencerás” , ya que, con la intención de controlarlas, fueron dirigidas a diferentes grupos sectoriales, el campesino dirigido por Josefina Vicens, el obrero dirigido por Estela Martín, Lucina Villareal al frente del sector militar y Estela Jiménez Esponda al frente del sector popular, cada sector veía únicamente a su grupo lo que ocasionó la división del movimiento y que el PRM tomara el control de la organización femenil, después de esto, el gobierno incorporó el movimiento a la política partidista con el fin de institucionalizar su acción dejando a las mujeres organizadas, sin derechos, sin fuerza y sin autonomía; en retroceso.
En los años cuarenta se dio un cambio en la metodología usada para pedir por el voto de la mujer, pues las peticiones se volvieron institucionales y a la medida del gobierno, lo que fue mayormente apreciable el 27 de Julio de 1945 durante un mitin en apoyo al candidato Miguel Alemán, organizado por el movimiento femenil para solicitar al candidato el derecho al voto, quién prometió otorgarles bajo la condición de que las mujeres siguieran cumpliendo los valores culturalmente arraigados para ellas como lo eran el cuidado, la obediencia, la abnegación y el recato tanto en el ámbito familiar como personal.
“Aún cuando en el discurso oficial y en los medios políticos se planteó la necesidad de modernizar el país, aterró la idea de la mujer moderna, autónoma y con preocupaciones e intereses propios. La consigna era que el país se modernizara pero que las mujeres siguieran en sus papeles tradicionales de madre, esposa y ama de casa y que además contemplaran y admiraran al jefe del hogar.”(TUÑÓN, 2002, pág. 9)[10]
Al llegar al poder y en cumplimiento a su promesa de campaña, Miguel Alemán envió al Congreso la iniciativa para modificar el Art. 115, Fracc. I, y es así como, después de una discusión en donde un legislador del PAN abordara el tema de la importancia de que las mujeres continuaran con los roles y valores establecidos, el 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma propuesta por el presidente la cual reconoce a las mujeres como ciudadanas mexicanas a la par de los hombres.
A partir de esta reforma la participación de las mujeres se activó, una de ellas, Amalia Castillo Ledón cobra fuerza nacional e internacionalmente hasta convertirse en 1949 en la presidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres, organismo que, entre otras cosas, buscaba obtener el derecho al sufragio femenino en América Latina. En 1951 20 mil mujeres priístas, encabezadas por Margarita García Flores (dirigente nacional de las mujeres del PRI) organizan una asamblea para solicitar la igualdad de derechos políticos al entonces candidato Adolfo Ruíz Cortines quien meses después se reuniría con Castillo Ledón prometiendo que, de llegar a la presidencia, promoverá la iniciativa de Ley si ella reunía un documento firmado por miles de mujeres y que fueran ellas quienes solicitaran su derecho al voto. Es así como Castillo Ledón crea la Alianza de Mujeres en México, bajo la protección del entonces candidato Ruiz Cortines y el presidente saliente Miguel Alemán, hecho que marcó la diferencia con los movimientos pasados y que implicaría alcanzar las demandas solicitadas por décadas.
El 17 de octubre de 1953, siendo presidente electo Ruiz Cortines, se publicó en el Diario Oficial el decreto que concede el derecho al voto a las mujeres en todo el país y en todos los niveles de gobierno.[11] Este hecho histórico coloca a México como un país moderno y democrático a la par de países desarrollados como Estados Unidos, España y otros más de la Unión Europea.
En 1954 Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primer mujer electa como Diputada Federal por el primer Distrito de Baja California, en el siguiente año, conseguirían lo mismo Marcelina Galindo Arce por Chiapas, María Guadalupe Urzúa por Jalisco, Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México y Margarita García Flores por Nuevo León, convirtiéndose en las primeras 5 diputadas federales en la historia de México.
En 1959 Cristina Salmorán de Tamayo se convertiría por primera vez en Primer Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1964 Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina se convertirían en las primeras mujeres senadoras, esta última, llegaría también a la Presidencia del Senado convirtiéndose en la primer mujer en presidir este órgano del Poder Legislativo. En 1979 Griselda Álvarez Ponce de León se convertiría en la primer mujer gobernadora al ganar las elecciones del Estado de Colima.[12]
En cuanto al avance de las legislaciones, en 1974 el Congreso de la Unión realizó una modificación al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, un año después, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en México la Primer Conferencia Internacional de la Mujer y dio inicio el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer bajo el lema Igualdad, desarrollo y paz.
En 1980 se puso en marcha el Programa Nacional de la Incorporación de la Mujer al Desarrollo de México, a cargo del Consejo Nacional de Población, en 1985 se instaló una comisión para coordinar las actividades y proyectos sectoriales y preparar la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial Sobre la Mujer, en Nairobi, en ese mismo año, en 1993 el Comité Nacional Evaluador elaboró un informe detallado sobre la situación de las mujeres en México como parte de los trabajos preparatorios hacia la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995.
En 1998, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) estableció la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer como órgano administrativo desconcentrado para consolidar el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. Con el esfuerzo conjunto de las legisladoras de los diferentes partidos políticos, en 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, y con ello el Inmujeres entró en funciones en junio del mismo año. En el año 2002 se publicó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proequidad) 2001-2006.[13]
Continua..
[1] HERNÁNDEZ, B., RINCÓN, R.. (1993). "Las Mujeres en la Revolución Mexicana". Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, de la Secretaría de Gobernación, y el Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, I, 68. 1 de Octubre de 2018, De Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana e Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados Base de datos.
[2] CANO, Gabriela. “Hermila Galindo”, en Fem, núm. 72, 1988, p.20
[3] Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, 1985, t.1, p.830
[4] Idem
[5] TUÑON PABLOS, Enriqueta, “El Estado mexicano y el sufragio femenino”, en Dimensión Antropológica, vol. 25, mayo-agosto, 2002, pp. 143-161 Disponible en: http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=824
[6] CANO, Gabriela, op.cit., 1991, p.283. Para estudiar el movimiento de mujeres en Yucatán durante los años veinte, véase Anna Macías, “Felipe Carrillo Puerto y la liberación de las mujeres en México”, en Las Mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas, 1985.
[7] Historia documental del Partido Revolucionario Institucional, 1981, t. 1, pág. 57.
[8] El Machete, 14 de septiembre de 1935, citado en Tuñón, Esperanza, Mujeres que se organizan. El Frente Único pro Derechos de la Mujer, 1992.
[9] Vid nota 4
[10] Idem
[11] VIRGEN, Lucy.. (2013). "Efemérides: 17 de octubre de 1953 - Derecho al voto para la mujer en México". 01 de Septiembre de 2018, de Universidad de Guadalajara Sitio web: http://www.udg.mx/es/efemerides/17-octubre-0
[12] HERNÁNDEZ, Rossana.. (2014). "Participación de las mujeres 2014". CEAMEG, I, 21. Agosto, 2018, De Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) Base de datos.
[13] HERRERA, C., JUÁREZ, C., VILLALOBOS, A., VIVIESCAS, D., RUIZ, J., SANDOVAL, P. & VARGAS, M.. (2012). "Monitoreo de la Política Nacional para la Igualdad en los tres poderes y órdenes de gobierno". México: INMUJERES, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España.